Mientras Estados Unidos siguió implementando prácticas como la devulución de migrantes a México amparado en el Título 42 – implementado a raíz de la pandemia de Covid-19 – y generando “daños irreparables” en las personas expulsadas, una vez en suelo mexicano estas personas fueron recluidas de manera masiva en centros de detención, en donde fueron sometidos a tratos inhumanos y degradantes, mientras que algunos solicitantes de asilo fueron deportados.
Es este último factor el que generó, de acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, que una protesta de migrantes contra su deportación, terminara con la muerte de al menos 37 personas como consecuencia de un incendio en una estación migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Otros ejemplos de ello, son los constantes hallazgos de personas migrantes ahogados en distintos puntos del Río Bravo, que buscan ingresar a Estados Unidos de manera ilegal o el secuestro del que son víctimas al transitar por las carreteras del país rumbo a la frontera norte.
Amnistía Internacional presentó su Informe sobre La situación de los Derechos Humanos en el Mundo, en donde puntualizó el clima de violencia que se vive en México, la violencia contra la mujer, casos de desaparición, la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad, pero también la situación migratoria que enfrenta el país.
Si bien se señaló una profunda crisis humanitaria y de derechos humanos en materia migratoria en toda la región de las Américas, es en su extenso informe sobre México que la organización advirtió que el Instituto Nacional de Migración (INM) es la tercera institución con más quejas por violaciones a derechos humanos en el año 2022, pues congregó un total de mil 997 quejas.
Mientras que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), que tramita permisos a migrantes para su estadía en el país, se ubicó en el décimo lugar entre las instituciones con más quejas, al documentarse un total de 333.
Los números que presentó el informe revelaron que durante el último año se recluyeron a al menos 281 mil 149 personas en centros de detención y se expulsó a 98 mil 299. Además de que se recibieron 118 mil 478 solicitudes de asilo, principalmente de migrantes procedentes de países del Caribe, como Cuba y Haití, pero también de Honduras y Venezuela.
Amnistía Internacional reveló que entre las personas expulsadas se encontraron casos de personas procedentes de América Central, aunque recientemente se ha reportado la presencia de ciudadanos de Afganistán e incluso de India, quienes buscan atravesar el país para ingresar a Estados Unidos.
“Durante el año, las autoridades detuvieron a varias personas refugiadas y migrantes en los aeropuertos de todo el país y las sometieron a tratos inhumanos y degradantes”, advirtió la organización.
Como parte de este informe también se advirtió sobre el efecto que tuvo la política migratoria de Estados Unidos en México, como la aplicación del polémico Título 42, el cual se implementó durante la administración de Donald Trump para expulsar a migrantes hacia México bajo el pretexto de la pandemia de Covid-19.
Al ser devueltos a México por los distintos puestos de entrada y salida de Estados Unidos, los migrantes fueron sometidos a diversas formas de violencia, e incluso fueron víctimas del crimen organizado y parte de la comisión de diversos delitos como secuestro, violencia sexual y robos.
Aunque se destaca que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) logró sentencias históricas para la protección de personas migrantes, se precisó que el Ejecutivo federal no ha publicado protocolos oficiales claros para la protección de migrantes que son devueltos a México bajo las políticas estadounidenses.
Entre las sentencias que Amnistía Internacional destacó se encuentran la declaración de inconstitucionalidad en contra de las revisiones migratorias, al considerar que son discriminatorias.
