A tres años de entrar en vigor, sólo 32 personas indígenas han recibido amnistía. La falta de intérpretes de lenguas originarias impide el acceso a la justicia de esta población.
No comprender un texto en español sentenció a Virginia, una mujer hablante de lengua mazahua. En 2006 la acusaron injustamente de homicidio en grado de parentesco. Las autoridades judiciales del Estado de México la obligaron a firmar una declaración que no entendió, que ni siquiera pudo leer y que nadie le explicó. El resultado fue una condena de 43 años de prisión en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Nezahualcóyotl.
Pese a estas condiciones, que considera la Ley de Amnistía para otorgar el perdón a personas en prisión, Virginia esperó dos años para obtener su libertad. Su caso es el de miles, porque a tres años de la publicación de esta legislación, apenas 249 personas han sido liberadas por amnistía, según informó la titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, en la conferencia matutina del 2 de mayo de 2023.
Expertos en la materia consideran que la lenta aplicación de la ley es resultado de la opacidad con la que opera y de los retos que enfrenta para convertirse en un instrumento real de justicia y de reparación en casos de violaciones a derechos humanos.
¿Una ley de papel?
La Ley de Amnistía entró en vigor en 2020. Se trata de un instrumento que concede “el perdón” a las personas en prisión que pertenecen a grupos en situación de vulnerabilidad, como personas indígenas, mujeres y jóvenes sin oportunidades de educación o empleo; víctimas de discriminación, obligados por la delincuencia organizada o en pobreza.
Desde entonces, la Comisión de Amnistía, órgano encargado de analizar y aprobar las solicitudes de amnistía, ha recibido alrededor de 3,752 peticiones, de las cuales 37% “son notoriamente improcedentes”, reporta el organismo.
El 43% de las solicitudes que se consideran procedentes son analizadas por la comisión. Sin embargo, de acuerdo con sus datos oficiales, una de cada cinco se encuentra en trámite. Hasta el 29 de mayo de este año, 1,613 casos de amnistía han sido revisados, 609 solicitudes siguen en trámite y 86 han sido concluidos o turnados a otras áreas de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia.
Además, la proporción de rechazo es amplia: 58% de las peticiones de amnistía se han negado sin transparentar los criterios para esa decisión, según datos del informe Incidencia en políticas públicas para mejorar el acceso a la justicia de personas indígenas en procesos de amnistía.
“El Estado mexicano se queda corto, porque no es un reconocimiento integral y no facilita que todas las personas se beneficien de este mecanismo. Entonces, debemos dejar muy claro que la opacidad del trabajo de la Comisión de Amnistía es enorme en todos los sentidos”, afirma Olimpia Martínez, investigadora de Elementa DDHH.
Los delitos considerados para amnistía son aborto, delitos contra la salud, robo sin violencia y sedición. Como las poblaciones indígenas han sido discriminadas históricamente, esta ley establece que la amnistía puede otorgarse por cualquier delito a las personas de pueblos y comunidades indígenas.
Sin embargo, un análisis de Expansión Política a la base de datos oficial de Seguimiento a las Solicitudes de Amnistía identificó que, en tres años, únicamente a 32 personas indígenas se les ha otorgado este perdón.
Sin intérpretes
En un principio, el caso de Virginia no aplicaba a la amnistía porque la ley establece que se otorgará el perdón por cualquier delito a las personas indígenas, excepto cuando se trate de delitos contra la vida o la integridad corporal. Pero la Codhem atrajo su caso por todas las inconsistencias en el procedimiento judicial. Virginia alcanzó la libertad en abril de 2022, después de perder 16 años de su vida en una celda.Las violaciones a sus derechos humanos son múltiples y constantes. Como le ocurrió a ella, nueve de cada 10 personas internas no reciben asistencia de persona intérprete o traductora durante su proceso penal, según información del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (Inpi).Entre 2015 y 2020, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) visitó Centros de Reinserción Social y recabó 6,246 escritos de personas indígenas encarceladas. Entre sus principales quejas eran que desconocían su situación jurídica; solicitaban un defensor o intérprete en su lengua; información sobre los requisitos de libertad anticipada y apoyo para obtener atención médica.
Ante estos hechos, hace dos años la CNDH emitió la recomendación general 45/2021 para solicitar se garantice el derecho de traducción a las personas indígenas.
“A las personas indígenas sujetas a un procedimiento penal se les transgrede el derecho a contar con personas intérpretes, defensoras o traductoras, que tengan conocimiento de su lengua y su cultura; circunstancia que implica una violación al debido proceso y al pleno acceso a la jurisdicción del Estado” expuso el organismo en la recomendación, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
La propia secretaria de Seguridad Ciudadana ha reconocido que la Ley de Amnistía busca responder a esta carencia. “Amnistías (…) sobre todo de aquellos que no han cometido delitos graves y que no pudieron pagar un abogado o que no tienen traductor o que tienen un tema relacionado con diversas dificultades. Se trata, por instrucción del señor presidente, de buscar hacer justicia en aquellos casos en los que no se tiene”, declaró en la conferencia del mandatario Andrés Manuel López Obrador del 2 de mayo.
No obstante, de las amnistías aprobadas hasta ahora a personas indígenas, sólo tres han sido porque no contaron con intérprete de su lengua.
